LA GUERRA DEL AGUA

 

Pocas veces la agenda de los medios de comunicación coincide con la de los problemas sociales. Por desgracia. Y no es queja. Es la verdad. El poder económico en turno rige al público, o el público se autoabastece de los recursos que nos quita a todos para convertirse también en un poder que influye en la agenda de los medios, tan dúctil.

Tampoco es privativo de Jalisco ni mucho menos. El director de la revista mensual Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, escribió hace poco: “tenemos un sistema que es amnésico, que sólo vive con la rapidez, y que además es puramente coral. Usted verá las mismas imágenes, los mismos análisis. Entonces, para qué sirven esa cantidad de medios, si en realidad es la misma canción”.

Por eso no fueron muchos quienes supieron en tierras tapatías que ocho especialistas internacionales de alto reconocimiento moral y ético, investigadores en varias disciplinas, académicos, ex funcionarios de la ONU dos de ellos, estuvieron el lunes 5 y martes 6 de noviembre en Temacapulín.

¿Qué hicieron en una de las tres comunidades en la región Altos Sur de Jalisco que los gobiernos de Emilio El Hídrico y FeliPillo quieren borrar de la faz de la tierra con la presa El Zapotillo, una megaconstrucción con una cortina de 105 metros de altura que según el mito llevará agua no nomás a León, Guanajuato y ranchos fo(c)xianos circunvecinos, sino a Guadalajara y a una docena de municipios alteños?

Estuvieron en Temaca constituidos en un jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, una de las instancias internacionales no gubernamentales creadas sobre fundamentos de ética pero con rigor legal y científico, que buscan con el respaldo de su prestigio personal evidenciar los excesos de los estados sobre los derechos humanos de los pueblos. En ese pueblo escucharon a víctimas, desplazados, activistas, investigadores y pobladores inconformes llegados de siete estados del país para denunciar y presentar pruebas de una decena de casos similares a los de la presa El Zapotillo.

Miloon Kothari, miembro del tribunal que estuvo en Temacapulín, investigador hindú que fue alto comisionado de la ONU para supervisar el derecho a la vivienda en el mundo, recordó que desde 1993 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que los desplazamientos de los pueblos son violatorios de las garantías individuales.

Como funcionario de la ONU vino en 2002 a México junto con una comisión especial que constató que mucha gente de regiones pobres de las ciudades o de las zonas rurales eran desplazadas por proyectos del gobierno. Un año después, en el informe que presentó la comisión subrayó que dada la política de desalojos, era necesaria también una política nacional basada en una legislación sobre el tema para evitar que siguieran violándose esos derechos humanos.

“Hoy, diez años después, con tristeza constato que México sigue sin legislación, continúan los desplazamientos y desalojos forzados”, dijo, luego que el tribunal presentó su veredicto en el que subraya el autoritarismo del gobierno mexicano que no informa siquiera a los perjudicados los pormenores del proyecto por el que quieren desplazarlos, veredicto que fue presentado luego, el viernes 9, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la intención de que se detengan los abusos.

Existen alternativas para dotar de agua a las grandes ciudades sin destruir el patrimonio nacional, sin desplazar a la gente. Mientras en los países desarrollados se desmantelan presas para dejar fluir libres a los ríos, en México y demás tercermundistas la industria constructora vive un auge depredador en complicidad con los gobiernos, que no se tocan el corazón para lograr sus propó$ito$.

Es claro que el veredicto que tiene efectos éticos no es vinculante en lo jurídico, por lo que ni FeliPillo ni Emilio El Hídrico van a bajarle al negocio en El Zapotillo o en otras presas y acatar la resolución. Lo que no está tan claro es si los ministros de la SCJN, quienes están obligados a vincular con la Constitución Política las leyes internacionales firmadas por México en materia de derechos humanos, podrán sustraerse a ese mandato llegado desde lo moral pero también anclado en lo jurídico.

Y si la SCJN hace lo que por ley corresponde, entonces El Zapotillo tendrá que detenerse a pesar de los miles de millones de pesos que ya se han gastado en su construcción.

PARTIDIARIO
Y ya con ésta. Tras el envío de la iniciativa de decreto de Emilio El Independiente para que pueda haber candidatos ciudadanos en Jalisco que aspiren a cualquier puesto de elección popular, se convirtió de un bote en el mejor diputado de la 60 Legislatura hasta ahora (sin contar los 10 mdp que les mandó a los nuevos diputeibols). Ahora, dicen sus amigos, está cocinando para antes de irse otra iniciativa referente a realizar una consulta popular sobre la legalización de la mariguana, montado en la ola verde de Colorado (¿paradoja o cola de borrego?) y Washington, que acaban de hacer lo propio. No sería descabellado. Ya usó tal estrategia cuando quería ser el verdadero Enrique Peña Nieto, digo candidato presidencial panista, y de última hora sacó el tema para meterse rating. No le sirvió entonces, pero sería congruente ahora con ese episodio. En particular porque ya se va y la política sobre la legalización comienza a extenderse como paliativo al tráfico y su secuela de violencia absurda…

 

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