LA GUERRA DEL AGUA

 

Pocas veces la agenda de los medios de comunicación coincide con la de los problemas sociales. Por desgracia. Y no es queja. Es la verdad. El poder económico en turno rige al público, o el público se autoabastece de los recursos que nos quita a todos para convertirse también en un poder que influye en la agenda de los medios, tan dúctil.

Tampoco es privativo de Jalisco ni mucho menos. El director de la revista mensual Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, escribió hace poco: “tenemos un sistema que es amnésico, que sólo vive con la rapidez, y que además es puramente coral. Usted verá las mismas imágenes, los mismos análisis. Entonces, para qué sirven esa cantidad de medios, si en realidad es la misma canción”.

Por eso no fueron muchos quienes supieron en tierras tapatías que ocho especialistas internacionales de alto reconocimiento moral y ético, investigadores en varias disciplinas, académicos, ex funcionarios de la ONU dos de ellos, estuvieron el lunes 5 y martes 6 de noviembre en Temacapulín.

¿Qué hicieron en una de las tres comunidades en la región Altos Sur de Jalisco que los gobiernos de Emilio El Hídrico y FeliPillo quieren borrar de la faz de la tierra con la presa El Zapotillo, una megaconstrucción con una cortina de 105 metros de altura que según el mito llevará agua no nomás a León, Guanajuato y ranchos fo(c)xianos circunvecinos, sino a Guadalajara y a una docena de municipios alteños?

Estuvieron en Temaca constituidos en un jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, una de las instancias internacionales no gubernamentales creadas sobre fundamentos de ética pero con rigor legal y científico, que buscan con el respaldo de su prestigio personal evidenciar los excesos de los estados sobre los derechos humanos de los pueblos. En ese pueblo escucharon a víctimas, desplazados, activistas, investigadores y pobladores inconformes llegados de siete estados del país para denunciar y presentar pruebas de una decena de casos similares a los de la presa El Zapotillo.

Miloon Kothari, miembro del tribunal que estuvo en Temacapulín, investigador hindú que fue alto comisionado de la ONU para supervisar el derecho a la vivienda en el mundo, recordó que desde 1993 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que los desplazamientos de los pueblos son violatorios de las garantías individuales.

Como funcionario de la ONU vino en 2002 a México junto con una comisión especial que constató que mucha gente de regiones pobres de las ciudades o de las zonas rurales eran desplazadas por proyectos del gobierno. Un año después, en el informe que presentó la comisión subrayó que dada la política de desalojos, era necesaria también una política nacional basada en una legislación sobre el tema para evitar que siguieran violándose esos derechos humanos.

“Hoy, diez años después, con tristeza constato que México sigue sin legislación, continúan los desplazamientos y desalojos forzados”, dijo, luego que el tribunal presentó su veredicto en el que subraya el autoritarismo del gobierno mexicano que no informa siquiera a los perjudicados los pormenores del proyecto por el que quieren desplazarlos, veredicto que fue presentado luego, el viernes 9, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la intención de que se detengan los abusos.

Existen alternativas para dotar de agua a las grandes ciudades sin destruir el patrimonio nacional, sin desplazar a la gente. Mientras en los países desarrollados se desmantelan presas para dejar fluir libres a los ríos, en México y demás tercermundistas la industria constructora vive un auge depredador en complicidad con los gobiernos, que no se tocan el corazón para lograr sus propó$ito$.

Es claro que el veredicto que tiene efectos éticos no es vinculante en lo jurídico, por lo que ni FeliPillo ni Emilio El Hídrico van a bajarle al negocio en El Zapotillo o en otras presas y acatar la resolución. Lo que no está tan claro es si los ministros de la SCJN, quienes están obligados a vincular con la Constitución Política las leyes internacionales firmadas por México en materia de derechos humanos, podrán sustraerse a ese mandato llegado desde lo moral pero también anclado en lo jurídico.

Y si la SCJN hace lo que por ley corresponde, entonces El Zapotillo tendrá que detenerse a pesar de los miles de millones de pesos que ya se han gastado en su construcción.

PARTIDIARIO
Y ya con ésta. Tras el envío de la iniciativa de decreto de Emilio El Independiente para que pueda haber candidatos ciudadanos en Jalisco que aspiren a cualquier puesto de elección popular, se convirtió de un bote en el mejor diputado de la 60 Legislatura hasta ahora (sin contar los 10 mdp que les mandó a los nuevos diputeibols). Ahora, dicen sus amigos, está cocinando para antes de irse otra iniciativa referente a realizar una consulta popular sobre la legalización de la mariguana, montado en la ola verde de Colorado (¿paradoja o cola de borrego?) y Washington, que acaban de hacer lo propio. No sería descabellado. Ya usó tal estrategia cuando quería ser el verdadero Enrique Peña Nieto, digo candidato presidencial panista, y de última hora sacó el tema para meterse rating. No le sirvió entonces, pero sería congruente ahora con ese episodio. En particular porque ya se va y la política sobre la legalización comienza a extenderse como paliativo al tráfico y su secuela de violencia absurda…

 

Fiscalizar la yunta del compadre

 

Aún no termina el furor de la llegada de las nuevas administraciones municipales en Jalisco, cuando ahora noviembre permite echar el ojo a los aún presuntos diputados –por aquello de que representan a la ciudadanía-, quienes tienen encima el paquetote de demostrar que el más desprestigiado poder constitucional en Jalisco puede regenerarse y cumplir con dignidad la encomienda que por ley se le tiene marcada.

En realidad no es difícil. Basta honestidad, inteligencia y compromiso ciudadano. Fórmula que siguieron anteriores diputados jaliscienses como Valentín Gómez Farias, Ignacio L. Vallarta, Prisciliano Sánchez, Jesús López Portillo, Guadalupe Montenegro, Andrés Terán, Donato Guerra, José López Portillo y Rojas, Luis Pérez Verdía, Manuel Puga, Enrique Díaz de León, Juan Gil Preciado, Alfonso de Alba Martín y José Parres Arias, entre otros cuantos que han logrado trascender a las páginas de la historia.
 
No es difícil porque los nuevos diputeibols tienen detrás de ellos legislaturas de infamia, que han quebrado y endeudado al Congreso, que lo han convertido en el paradigma del amiguismo, que lo único que lograron fue multiplicar el número de empleados desde los diputados mismos –todavía en la década de los 70 eran apenas 18 legisladores- hasta lograr el masacote ese de la calle Hidalgo, donde conviene pasar rapidito y con la cartera bien sujeta porque los cientos de millones que cada año gastan de presupuesto no les sirven ni para una muela.
 
Es la hora de las promesas y así llegaron todos, como los que llegaron antes. Hay discursos autocríticos, de austeridad, amenazas veladitas, fintas, rimbombancia, pero también comenzaron desde hace tiempo las reuniones en lo oscurito. La lana es la lana, pues.
 
El primer paso que parecen dar los nuevos diputeibols rumbo a la limpia tan cantada, fue la creación de la comisión especial temporal para el análisis, revisión y cotejo del patrimonio del Congreso del Estado, que de manera unánime los 39 no ilustres proclamaron en sesión extraordinaria este lunes 5 de noviembre.
 
Me recuerda el contrato que se hizo con una empresa auditora también hace tres años para que “de encontrarse irregularidades e inconsistencias la Secretaría General procederá conforme a la Ley de Servidores Públicos”. Ahá.
 
¿Quiénes van a fiscalizar la yunta del compadre? Bueno, el acuerdo legislativo de la Junta de Coordinación Política establece que dicha comisión estará integrada por Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, presidente, y los vocales Salvador Rizo Gastélum, Luis Guillermo Martínez Mora, Edgar Enrique Velázquez González y J. Jesús Palos Vaca.
 
Como se trata de hacer polvo para que mientras se disipa no se vea que hay detrás, la comisión temporal funcionará hasta que se instale la comisión de Administración, a la que pasará todo lo “investigado” para que a su vez continúe la investigación y “en un plazo no mayor de 30 días” presente su informe. Lo que no se dice es cuándo se instalará la comisión de Administración.
 
En fin, ya veremos si la aridez legislativa de los últimos 40 años en Jalisco tiene, por lo menos, una lluviecita de decencia. La integración camaral de esta ocasión da para tener esperanzas. Los hechos, como siempre, serán los que hablen.
 
PARTIDIARIO
Los de abajo. Las amenazas, levantones y ahora asesinatos, en estos días, contra indígenas o comuneros, al sur o al norte de Jalisco, continúan sin que exista autoridad que siquiera se interese en detenerlos. La tarde del domingo 3 de noviembre, cuatro comuneros de San Juan de los Potreros, municipio de Chimaltitán, fueron levantados por un grupo armado durante la realización de una asamblea y un día después sus cuerpos aparecieron sin vida, balaceados. No hay detenidos. También y cuando se cumplen dos semanas del levantón del activista nahua Celedonio Monroy Prudencio, al sur de Jalisco, no hay buenas noticias porque sigue desaparecido…
 

Y ya con esta. La CEA(sar Coll) y la Sinagua, digo Conagua, podrán reírse hasta lo más profundo de sus intereses económicos particulares, pero el empuje ético de respaldo a la lucha contra la presa El Zapotillo que significará el fallo que emita el Tribunal Permanente de los Pueblos esta semana, tendrá un peso real. Y no hablamos que el insensible gobierno nacional o estatal haga algo porque le recuerdan sus excesos autoritarios, sino que fortalece a los opositores al embalse y cimenta su lucha para la etapa definitoria, cuando la presa va al 50 por ciento de avance. Temacapulín demuestra su organización de vanguardia y van que van por el objetivo central de evitar la desaparición de su pueblo…